Rechazo a la destitución del Defensor del Pueblo del Ecuador
El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO)
rechaza la destitución del Defensor del Pueblo del Ecuador, Dr. Ramiro Rivadeneira
Silva y condena los procedimientos seguidos con ese fin, por cuanto ética y
legalmente configuran atentados a las instituciones republicanas y a la democracia.
La primera y más significativa distinción de una institución de garantías y
protección de derechos, es la de su independencia y autonomía. Sin esos atributos
una defensoría del pueblo pierde la claridad de sus objetivos y su credibilidad.
Estos principios están incardinados de tal modo en su estructura normativa, que
los plazos previstos para el mandato de sus titulares, no suele coincidir con el de
los órganos del poder legislativo y ejecutivo. Vale decir que un cambio de gobierno
no debe implicar un cambio en la titularidad de la Defensoría del Pueblo, sino lo
contrario.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador viene funcionando regularmente en los
últimos años. Los procedimientos para la elección de su titular no fueron
cuestionados y, por el contrario, han sugerido a la doctrina, una forma novedosa a
tener en cuenta para establecer en otros institutos análogos.
La situación política del Ecuador, no indica que se haya producido un golpe de
Estado. Es así entonces que, todas las reformas constitucionales o de otra índole
que se propongan, deberán hacerse a partir de la intangibilidad de lo que
constitucionalmente se conocen como poderes constituidos, salvo que –y este no
es el caso- entre los objetivos de la reforma se estableciese la supresión del
instituto. Pero cabe aclarar que incluso así, habría que tener en cuenta, que en este
caso, el Defensor del Pueblo, institucionalmente, tendría un “derecho - obligación
adquirido y contraído” a cumplir con esa función.
El pasado mes de enero, el ILO se pronunció sobre la situación de la institución
ecuatoriana, y su Consejo Directivo expresó su solidaridad con su titular, cuando
por un arbitrario artilugio normativo, se advertía sobre la certeza de su
continuidad. Hoy, aquella advertencia se hizo realidad y un organismo de facto,
subrogándose en funciones que son propias de la asamblea legislativa, destituye al
Defensor del Pueblo, por no haber respondido a las imposiciones de un
procedimiento ilegal. Muy mala señal es para la sociedad y el destino democrático
del continente, destituir a quien ha sido designado conforme a las reglas del
derecho y que no incurrió en ninguna de las causales previstas para su remoción
como groseramente se insinúa en algunos medios de prensa. Por lo demás, no debe
dejar de tenerse en cuenta que se trata de un organismo de protección de los
derechos humanos y que por ese motivo debe tener un trato especialmente
considerado y respetuoso.
El ILO interpreta que este procedimiento es ilegal, que configura un señalado
retroceso en el respeto a la institucionalidad democrática y que está repitiendo
procederes ensayados en otros países del continente, que en la práctica están
menoscabando a las defensorías del pueblo.
No exagera quien supone que es éste un hecho de gravedad. A las razones
expuestas más arriba se suma el hecho de que día a día la prueba a la que se
someten las instituciones y los partidos políticos ponen en evidencia en los
pueblos desconfianza, decepción y pérdida de credibilidad. Se debe tener presente
que las defensorías del pueblo, como otras formas de democracia participativa
fueron apareciendo en este tiempo para recuperar convicciones a favor de la
democracia.
El ILO ratifica su confianza en el socio Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del
Pueblo del Ecuador, le expresa su solidaridad personal y confía en que todos los
organismos internacionales que agrupan a instituciones públicas de defensa de los
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que tienen igual objetivo,
expresen su repudio y hagan ver al poder político del Ecuador, que estos
procedimientos dañan severamente su imagen republicana.
Buenos aires 3 de mayo de 2018.-
Carlos R. Constenla – Presidente - Argentina
Cristina Ayoub Riche – Vicepresidenta I - Brasil
Leoncio Lara Sáenz – Vicepresidente II - México
Ana Agostino - Vicepresidenta III - Uruguay
Juan Domingo Milos Hurtado – Secretario General - Chile
