PRONUNCIAMIENTO DEL ILO ANTE CUESTIONAMIENTOS A LA LABOR DE LA INDDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Río de Janeiro, agosto de 2020.-


PRONUNCIAMIENTO
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN – DEFENSORÍAS DEL PUEBLO
ANTE CUESTIONAMIENTOS A LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental del Uruguay (INDDHH), hizo llegar a la presidencia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) una comunicación fechada el día 24 del corriente mes en la que informa sobre la situación institucional planteada por declaraciones de autoridades gubernamentales, representantes políticos y pronunciamientos judiciales que afectan su independencia y descalifican sus procedimientos.


En dicha comunicación, la INDDHH y Defensoría del Pueblo solicita que se tome nota de la situación descripta e informa que, en caso de evolucionar negativamente, hará llegar una nueva comunicación.


El Consejo Directivo de ILO, habiendo analizado en profundidad la información contenida en la nota, y en línea con su práctica de pronunciarse frente a cualquier acto o declaración que pueda afectar la autonomía e independencia de las instituciones de defensa de los derechos humanos en nuestro continente, emite el presente pronunciamiento.


Las situaciones descriptas revelan, como mínimo, desconocimiento de lo que significan institucionalmente las defensorías del pueblo y tal vez, lo que no es esperable, la pretensión de reducir o minimizar las competencias de una institución creada para defender los derechos humanos.


Los órganos no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos se fundan sobre un supuesto esencial que es el de su independencia frente al poder político del Estado. Sea que se tome como raíz del instituto al ombudsman escandinavo o al tribunado romano, pasando por todas las instituciones de esa naturaleza en la historia y recorriendo el pensamiento desde Maquiavelo a Rousseau y desde la Revolución Francesa a las constituciones de Portugal (1976) y España (1978), y fundamentalmente el que estuvo en la base de la construcción de esta figura en Latinoamérica, resulta inconcebible suponer la existencia de una función de esta naturaleza sin reconocerle independencia. Caso contrario, un organismo de control ético sobre los eventuales excesos de la gestión estatal, se convertiría en una magistratura pro domo sua del mismo gobierno. Las recurrentes apelaciones a los excesos en la interpretación de sus competencias que se le hacen a la INDDHH, configuran, en nuestra opinión, un menoscabo a la independencia con la que deben proceder.
Cabe en primer lugar destacar -porque es lo que está en la base de las impugnaciones que lo agravian-, que la INDDHH no tiene poder positivo. Sus resoluciones carecen de fuerza vinculante pues de ser así se subrogaría en potestades propias de los poderes del Estado. Ese es el tributo a la independencia que se debita de sus potestades institucionales. La INDDHH sólo recomienda, aconseja y por lo tanto es de elemental lógica jurídica que sus resoluciones estén exentas de los pronunciamientos jurisdiccionales. Nada impide que un Tribunal de Justicia considere a favor o en contra una resolución de la INDDHH; más aún, puede desconocerle, como lo hace, legitimación procesal activa -a pesar que en casi todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos se les reconoce-. Lo que no puede hacer es que por discrepar con una interpretación jurídica se ordene no publicar una recomendación, obligándola de ese modo a incurrir en una ilegalidad.


Igualmente llamativa es la sentencia 99/2020 dictada por mayoría por la Corte Suprema de Justicia que descalifica como inconstitucional el artículo 3 de la ley orgánica de la INDDHH, Ley 18.443 que establece la inimpugnabilidad de sus resoluciones tanto por vía administrativa como jurisdiccional, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de este organismo protector de los derechos humanos. Cuesta realmente interpretar que el superior tribunal constitucional de la República considere impugnable el acto de un organismo estatal que no causa estado y que no tiene ápice de fuerza imperativa.
En conclusión, la situación planteada a la INDDHH configura ciertamente un grave daño a las instituciones republicanas y a la política de protección de los derechos humanos que debe atravesar todas las acciones del Estado. Más allá de los contenidos sustantivos de los cuestionamientos a la INDDHH, el mero hecho de exponerlos desacredita a esta institución, pero también desacredita al gobierno que las promueve. Es esencial a la existencia del Estado de derecho y de la democracia que, sobre un determinado tema se manifiesten opiniones diferentes y muchas veces encontradas, pero todas deben estar contenidas en la legalidad y en la Justicia. La ley 18.443 -si tomamos en cuenta el Derecho comparado-, estableció estándares mínimos para el funcionamiento de una Defensoría del Pueblo. No estableció -como debería haber hecho y quedará pendiente para un posterior tratamiento- otorgarle a la institución legitimación procesal tal como tienen la totalidad de las instituciones análogas de Sudamérica.


Muchas veces una visión dogmática de la ley enmascara un atropello a la Justicia y a los derechos de las personas. Por ese motivo nos permitimos apelar al pensamiento de uno de los más importantes procesalistas de América, el maestro Eduardo J. Couture, que en los mandamientos del abogado expresó insuperablemente: «Tu deber es luchar por el derecho: pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia»1.
1Couture, Eduardo J.: Mandamientos del Abogado, 6ᵃ edición, Depalma, Buenos Aires 1976 p. 35


Por las consideraciones expuestas, el ILO expresa su solidaridad con la INDDHH del Uruguay y ratifica su invariable compromiso de apoyar a las instituciones defensoras de los derechos humanos que, como en este caso honran la responsabilidad de la que la República los invistió.

Consejo Directivo:

Presidenta: Cristina Ayoub Riche (Brasil)

Vicepresidenta I: Ana Agostino (Uruguay)

Vicepresidente II: Leoncio Lara Sáenz (México)

Vicepresidenta III: Alba Martijn (Curazao)

Secretario General: Ismael Rins (Argentina)

PRONUNCIAMIENTO ANTE CUESTIONAMIENTOS AL PROCURADOR DE DD.HH. DE GUATEMALA

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

ANTE CUESTIONAMIENTOS A LA LABOR DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS LLEVADA ADELANTE POR EL PROCURADOR DE DD.HH. DE GUATEMALA

 

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman -Defensorías del Pueblo (ILO), habiendo recibido informaciónreferida a actos intimidatorios contra el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, orientados a promover su destitución por haber asumido la promoción de los derechos del colectivo LGTBI, desea manifestar su honda preocupación por tales acontecimientos.

Entendemos de suma gravedad la citación del Sr. Procurador por parte de legisladores de su país, para dar explicaciones sobre su actuación. La misión de los y las parlamentarias, en casos como el presente, es proteger al magistrado que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos y no hacerse eco de las expresiones de intolerancia y de atropello al fundamentode la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».

Lamentamos que en un país que fue escenario de una brutal guerra civil, con gravísimas violaciones a los derechos humanos, y quepara favorecer los acuerdos de paz y la recuperación de las libertades públicas y el Estado de derecho se convirtió en el primero en América Latina en instituir la Procuraduría de los Derechos Humanos, llamada en la mayoría de los países de la región «Defensorías del Pueblo», se promuevan hoy ataques contra esta magistratura.

Los derechos del colectivo LGBTI han merecido desde 2011 el reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuanto a garantizar su protección, y cualquier agresión producida en base a la orientación sexual, constituye una violación a los derechos humanos. De allí entonces que las manifestaciones contra el Procurador guatemalteco por su rol asumido en defensa de estos derechos encuadran en políticas sancionadas por la ONU.

Por las consideraciones expuestas, ILOse solidariza con el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y hace pública su profunda preocupación por las acciones que sin los debidos fundamentos éticos ni legales, están repudiablemente dirigidos a su destitución.

Consejo Directivo:

Presidenta: Cristina Ayoub Riche (Brasil)

Vicepresidenta I: Ana Agostino (Uruguay)

Vicepresidente II: Leoncio Lara Sáenz (México)

Vicepresidenta III: Alba Martijn (Curazao)

Secretario General: Ismael Rins (Argentina)

Repudio a las graves violaciones a los DD.HH. en la República del Salvador

Desde el Instituto Latinoamericano de Ombudsman – Defensorías del Pueblo, expresamos nuestro repudio a las graves violaciones a los derechos humanos que se están registrando en la República de El Salvador como consecuencia de la aplicación de las medidas extraordinarias para contener la pandemia COVID 19.

Es responsabilidad de las instituciones públicas independientes no jurisdiccionales como es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, vigilar para que desde el poder administrador no se incurra en violaciones y atropellos contra los habitantes del país. En este caso la Procuraduría debe velar y en su caso denunciar todas aquellas medidas cuya aplicación puedan significar una violación a los derechos de las personas. En la República de El Salvador actualmente, el modo en que se están aplicando las medidas de carácter extraordinario en la lucha contra la pandemia lesionan derechos humanos lo que resulta inadmisible porque nada se puede hacer a favor de la vida en detrimento de los derechos que le dan sentido a esa misma vida.

En esta línea respaldamos los Informes de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar y su pedido al Presidente de la República Nayib Bukele a ceñirse a la Constitución, a las leyes dictadas en su consecuencia y a los principios y reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la vez que se hagan todas las investigaciones para determinar y en su caso juzgar a los responsables de esas violaciones.

Si bien el Estado puede tomar medidas extraordinarias en el marco del COVID 19, como el cierre de las fronteras, la restricción de la circulación y la implementación de centros de cuarentena, todas las medidas deben ser ajustadas a los principios fundamentales de un Estado de Derecho y en absoluta observancia a los derechos humanos. Los derechos son iguales siempre -en tiempos de paz, en tiempos de guerra y en tiempos de pandemia-, y es nuestra responsabilidad y obligación del Estado resguardarlos siempre.

Buenos Aires de mayo de 2020

Cristina Ayoub Riche
Presidente

Ismael Rins
Secretario General