ILO: Declaración de Montevideo

Reunida en Montevideo, República Oriental del Uruguayla VIIIª Asamblea General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), resuelve, por la unanimidad de sus participantes,  aprobar la siguiente

DECLARACIÓN:

II. La Asamblea manifiesta su satisfacción por haber podido profundizar y discutir el derecho a la ciudad y la sustentabilidad, a partir de las experiencias y perspectivas de desarrollo para las instituciones protectoras de los derechos humanosconforme a los lineamientos acordados en la Conferencia «Habitat III» organizada por las Naciones Unidas, en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de octubre de 2016;

II. Que el interés despertado en el seminario que precedió a la Asamblea del ILO puso en evidencia que las instituciones defensoras de los derechos humanos deben tener un rol protagónico central en la elaboración de las políticas públicas relacionadas al derecho a la ciudad y al desarrollo sustentable, como así también en ser constantes examinadoras de la concreción de esos objetivos;
III. Fieles a lo resuelto en nuestra anterior Asamblea celebrada en la Ciudad de Buenos Aires el pasado mes de mayo de 2016, ratifica la impostergable articulación del derecho a la ciudad entendido como el libre e igualitario acceso del conjunto de personas que la habitan y transitan desde su diversidad -de género y generacional, étnica-racial, cultural, de capacidades, condición socioeconómica, orientación sexual y de identidad de género, nacionalidad, religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, condición de persona migrante, refugiada o desplazada- al  disfrute de los espacios públicos, a los recursos, bienes y servicios que la vida en sociedad provee para vivir con salud, educación, trabajo digno, seguridad urbana y como lugar  privilegiado de expresión, construcción colectiva participación democrática. Reconoce y valora la participación y elempeño de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), del Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), y a la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) asociados con el ILO, en la III Conferencia de Habitat celebrada en Quito en la que se concluyó que cabe a la institución Defensoría del Pueblo obrar como garante de ese derecho, a la vez que plantear su necesaria codificación en el derecho internacional, como un derecho humano autónomo.
IIII. Comprendiendo la dimensiónde los problemas que se plantean a los gobiernos de la regiónsumada a una alta tasa de pobreza que es resultado y fuente de la injusticia y la exclusión social,  raíces de la violación a los derechos humanos de millones de hombres y mujeres de Latinoamérica, el ILO exhorta a las defensorías del pueblo requerir el establecimiento o la revisión y profundización en su caso, de planes en educación en derechos humanos, tanto en la currícula formal del estudiantado en sus distintas etapas, como en la formación de las y los educadores, de servidores y servidoras de la esfera pública, de las instituciones armadas y de seguridad.
V. Insiste en que más allá de las instancias administrativas que protegen a las personas usuarias y consumidoras, las defensorías del pueblono deben renunciar a la protección de laposibles personas afectadaporque en su inmensa mayoría pertenecen a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad y su protección es irrenunciable por parte de aquéllas. En este sentido recomienda diseñar programas de educación para el consumo con el propósito de capacitar a la ciudadanía en un más efectivo ejercicio de sus derechos. 
VI. Esta Asamblea reconoce que uno de los principales colectivos objeto de discriminación es aquel que manifiesta su orientación sexual e identidad de género autopercibida, diferente a la cultura heteronormativa imperante. Por ese motivo exhorta a las defensorías del pueblo velar por el trato digno e igualitario de las personas LGBTI, ejercitando y promoviendo los mecanismos legales para el pleno respeto de sus derechos.
VII. Afirma que una de las más graves violaciones a los derechos humanos que ha afectado históricamente a las mujeres es la discriminación y la violencia que se ejerce contra ellas, tanto en el ámbito público como en el privado, en sus múltiples formas y manifestaciones. El desafío para las defensorías del pueblo no es sólo evaluar las respuestas de los gobiernos ante este flagelo, en términos de normativa, políticas de igualdad, programas, dispositivos, presupuestos sensibles al género y la incorporación de transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas de la política de los Estados, sino también valorar cómo los Estados hacen público y político, lo que hasta acá es invisible como vulneración de los derechos humanos, ya sea por considerarlo en el mundo de lo privado o por no ser comprendido ni percibido por gran parte de la sociedad. Las políticas de seguridad rara vez contemplan que la mayor inseguridad de las mujeres se produce en el ámbito familiar, siendo evidencia de esto el creciente número de femicidios/feminicidios. Por todo esto es necesario que las defensorías del pueblo incrementen  su control en las políticas públicas,  y que estas no sean victimizantesincorporando una mirada de género orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dando efectiva protección a su integridad física, sexual y psicológica. Ello supone también velar por una gestión igualitaria de la ciudad y del espacio público entre hombres y mujeres.
VIII. Aflige a la conciencia humana el atroz crimen que cometen quienes trafican con la vida, la integridad física y psicológica de las personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. La trata de personas con fines sexuales, laborales o con cualquier otro objeto, es una de las modalidades de esclavitud del siglo XXI, y uno de los negocios ilegales más rentables en el mundo. Cabe a los Estados combatirla y brindar asistencia a sus víctimas para la recuperación de su dignidad y sus derechos y a las defensorías del pueblo ser espacios de apoyo a esos propósitos, dado que en sí misma, la trata es una violación a los derechos humanos y por lo tanto está comprendida en su mandato.
IX. El aumento en la expectativa de vida y la disminución del número de hijos entre otros factores, plantean un escenario de profundas implicancias en la organización familiar con fuerte impacto en el ámbito social, político, económico y cultural. El envejecimiento de la población, es el resultado de la evolución de los componentes del cambio demográfico (fecundidad, tasa de mortalidad y, en menor medida, las migraciones). De ese modo se prevé que el número de personas mayores de 60 años se incrementará en forma sostenida en todos los países del mundo. Este hecho reclama de las defensorías del pueblo un activo compromiso tanto en lo que significa la tutela de los derechos fundamentales de lapersonas adultamayores, como así también en el monitoreo e incidencia en las políticas públicas para enfrentar estas contingencias, teniendo especialmente en cuenta la cobertura previsional y de salud, la discriminación en el mercado laboral y en otras esferas, la poca o nula contención que reciben y el limitado uso de la tecnología entre tantas otras falencias. En este sentido se recomienda la incorporación en agenda política con miras a la implementación de programas nacionales de atención y cuidado.
X. Otro desafío impostergable es la defensa y preservación de la ciudad y del espacio público ante el avance de iniciativas que responden a intereses económicos, corporativos y de mercado, contrapuestos a los intereses colectivos e incluso a los derechos humanos, las que en muchos casos devienen en la privatización, degradación o destrucción del hábitat, la reducción del espacio público o en serias limitaciones al derecho a la ciudad y al ambiente urbano.
XI. La experiencia en el desarrollo de la institución defensoría del pueblo pone cada vez más en evidencia la necesidad de incrementar el estudio de los casos desde una perspectiva científica, interdisciplinaria e intercultural. Por tal razón propone y auspicia la colaboración con los establecimientos de investigación que den mayor solvencia técnica y jurídica a la promoción y protección de los derechos
XII. Que el Consejo Directivo, más allá de verificar el desarrollo de acciones tendientes a cumplir con los objetivos de la nueva agenda urbana, deberá propiciar en sus futuras actividades el estudio y consideración de los siguientes temas: las defensorías especiales y temáticas, defensorías del pueblo unipersonales o colegiadas; elección del Defensor o Defensora del Pueblo, participación de la sociedad civil.
XIII. Declara también su beneplácito por el importante avancelegislativo delproyecto de Defensoría de los Derechos de la Niñez en Chile, si bien observa con preocupación que el proyecto de Defensoría del Pueblo nacional ha sufrido una nueva postergación en ese país por lo que insta una vez más el cumplimiento del compromiso asumido
XIIII. Reconoce el esfuerzo realizado en Brasil desde 1986 para establecer el instituto del Ombudsman - Defensoría del Pueblo. Recomienda que las ouvidorías públicas brasileñas sean reguladas por la ley previendo los atributos de independencia y autonomía necesarios para la eficaz defensa de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, y que sea instituido en el plano constitucional unaOuvidoría Nacional, con los atributos, competencia y poderes característicos del Ombudsman – Defensoría del Pueblo.
XV. En este sentido saluda la puesta en funcionamiento de la Ouvidoria de Curitiba, cuyo titular ha sido designado independientemente por el poder legislativo local.
XVI. Observa con grave preocupación las injustificadas e incomprensibles demoras en designar al o la titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina vacante desde el año 2009, lo que devalúa la calidad institucional de la democracia argentina en la que la representación política no alcanza a diferenciar lo que es un compromiso ético con la Constitución y la ciudadanía, de un subalterno acuerdo político.
XVII. Ante los hechos que se vienen produciendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, requiere del poder político que tome todas aquellas medidas que garanticen el libre acceso de ciudadanos y ciudadanas a la Defensoría del Pueblo y sus delegaciones con el objeto de que cada uno de ellos pueda expresar libremente los reclamos que su realidad les plantee por hechos de violencia y eventual vulneración a los derechos humanos.
XVIII. Exhorta finalmente a los defensores y las defensoras del pueblo nacionales, provinciales o regionales a promover la creación de defensorías del pueblo locales por ser éstas las que más directa e inmediatamente están relacionadas con la población, sus necesidadesasí como con la eventual violación de sus derechos.

Se firma la presente Declaración en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los dos días del mes de junio de 2017.