Repudio a las graves violaciones a los DD.HH. en la República del Salvador

Desde el Instituto Latinoamericano de Ombudsman – Defensorías del Pueblo, expresamos nuestro repudio a las graves violaciones a los derechos humanos que se están registrando en la República de El Salvador como consecuencia de la aplicación de las medidas extraordinarias para contener la pandemia COVID 19.

Es responsabilidad de las instituciones públicas independientes no jurisdiccionales como es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, vigilar para que desde el poder administrador no se incurra en violaciones y atropellos contra los habitantes del país. En este caso la Procuraduría debe velar y en su caso denunciar todas aquellas medidas cuya aplicación puedan significar una violación a los derechos de las personas. En la República de El Salvador actualmente, el modo en que se están aplicando las medidas de carácter extraordinario en la lucha contra la pandemia lesionan derechos humanos lo que resulta inadmisible porque nada se puede hacer a favor de la vida en detrimento de los derechos que le dan sentido a esa misma vida.

En esta línea respaldamos los Informes de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar y su pedido al Presidente de la República Nayib Bukele a ceñirse a la Constitución, a las leyes dictadas en su consecuencia y a los principios y reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la vez que se hagan todas las investigaciones para determinar y en su caso juzgar a los responsables de esas violaciones.

Si bien el Estado puede tomar medidas extraordinarias en el marco del COVID 19, como el cierre de las fronteras, la restricción de la circulación y la implementación de centros de cuarentena, todas las medidas deben ser ajustadas a los principios fundamentales de un Estado de Derecho y en absoluta observancia a los derechos humanos. Los derechos son iguales siempre -en tiempos de paz, en tiempos de guerra y en tiempos de pandemia-, y es nuestra responsabilidad y obligación del Estado resguardarlos siempre.

Buenos Aires de mayo de 2020

Cristina Ayoub Riche
Presidente

Ismael Rins
Secretario General

Declaración de San Salvador

Reunida en San Salvador, República de El Salvador, la Xª Asamblea General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), resuelve, por la unanimidad de sus participantes, aprobar la siguiente

DECLARACIÓN:

  1. Expresa su solidaridad a las víctimas como su incondicional respaldo a todos los que trabajan en pro de la garantía de derechos humanos en las poblaciones en condición de vulnerabilidad de la Republica de Colombia ante el creciente número de homicidios de líderes y lideresas sociales, reafirmando la necesidad de implementar acciones que garanticen la vida e integridad de esos militantes sociales.
  2. Observa con grave preocupación las injustificadas demoras en designar al o la titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina vacante desde el año 2009, que devalúan sensiblemente la calidad institucional de la democracia argentina;
  3. Que destaca el convenio de colaboración recíproca celebrado con el Instituto de Defensa de Derechos de Turismo (IDETUR), por tratarse de un instrumento dirigido a difundir los derechos y garantías que le asisten a las personas en su condición de turistas, al mismo tiempo que promueve la figura de la “Defensoría de Turistas” dentro de las funciones de las defensorías del pueblo de la región, y fomenta la investigación, asistencia técnica y puesta en práctica de dicha figura.
  4. Que en ese orden de ideas considera que las defensorías del pueblo, las defensorías de vecinas y vecinos, las defensorías de los habitantes, las defensorías universitarias, las personerías colombianas, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, las ouvidorías brasileñas, los procuradores de derechos humanos, las procuradurías penitenciarias, los comisionados o presidente de comisiones de derechos humanos, las distintas oficinas ombudsman existentes en el Caribe y comisiones parlamentarias, forman parte del grupo de las instituciones no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos independientes del sector público y que por lo tanto constituyen el objeto de atención y dedicación del ILO a los que sin distinción de denominaciones o escalas se convoca a trabajar en común por el fortalecimiento de estas instituciones;
  5. Que una de las más graves situaciones de vulnerabilidad la padecen las niñas, niños y adolescentes. En este sentido ILO exhorta a las representaciones parlamentarias a promover en todo el ámbito de nuestra región a que establezcan normativamente la existencia de esas defensorías y en su caso que se designen a sus titulares, cumpliendo de este modo compromisos asumidos internacionalmente.
  6. Destaca la importancia del trabajo de las defensorías del pueblo en el compromiso con los derechos de los pueblos originarios, en todo lo que refiere a la propiedad de las tierras con las que mantienen vínculos ancestrales, a la defensa y promoción de sus modos de vida y su bienestar, a sus instituciones propias, a su modo de organización social y de vinculación con la naturaleza, de modo de prevenir avasallamientos por parte de gobiernos o empresas que no reconocen estos derechos;
  7. Esta Asamblea reconoce que uno de los principales colectivos objeto de discriminación es aquel que manifiesta su orientación sexual e identidad de género autopercibida, diferente a la cultura heteronormativa imperante. Por ese motivo exhorta a las defensorías del pueblo a velar por el trato digno e igualitario de las personas LGBTI, ejercitando y promoviendo los mecanismos legales para el pleno respeto de sus derechos;
  8. Como lo ha venido haciendo en sus últimas asambleas, sostiene que el derecho a la ciudad es el libre e igualitario acceso del conjunto de personas que la habitan y transitan desde su diversidad -de género y generacional, étnica-racial, cultural, de capacidades, condición socioeconómica, orientación sexual y de identidad de género, nacionalidad, religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, condición de persona migrante, refugiada o desplazada- el derecho a disfrutar de los espacios públicos, los recursos, bienes y servicios que la vida en sociedad provee para vivir con salud, educación, trabajo digno, seguridad urbana y como lugar de expresión, construcción colectiva y participación democrática;
  9. Esta situación configura una violación a los derechos de todas las personas que hacen parte de los movimientos migratorios, con independencia de su status legal y contraría los principios y prácticas de carácter internacional en relación con asilo y refugio. A su vez, y en línea con lo resuelto en previas asambleas de ILO vinculado a la profundización de cuestiones referentes al derecho a la ciudad, la Asamblea se suma a la concepción de la Carta por el Derecho a la Ciudad según la cual se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades. Por ello, afirma la importancia de las instituciones defensoras de los derechos humanos y su rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas relacionadas al derecho a la ciudad, colaborando de esa manera con la protección y bienestar de las personas migrantes;
  10. Manifiesta su conformidad con la temática seleccionada como eje de análisis, concretamente “Migración, Sostenibilidad Ambiental y Democracia", por la vigencia y urgencia que estos temas presentan en este momento en nuestro continente y en el mundo en general. En este sentido, la Asamblea manifiesta su honda preocupación por las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales que fuerzan a miles de mujeres y hombres, niños, niñas y adolescentes de nuestro continente a emigrar en condiciones no compatibles con el respeto de los derechos humanos, enfrentando todo tipo de discriminaciones y situaciones de abuso y vulnerabilidad tanto en el proceso migratorio como en los países a los que llegan, donde muchas veces le son negados su más elementales derechos, incluido el derecho a la vida. Nuestro continente ha sido testigo de movilizaciones masivas de migrantes, de abusos en fronteras, de centros de detención en lugar de centros de recepción y refugio en los países que deberían ser de acogida pero se convierten en países que reproducen la expulsión. De una u otra manera, todos los países del continente están atravesando este tipo de situaciones, en algunos casos de extrema gravedad como las que se viven en la frontera entre Venezuela y Colombia, en varios países de Centro América, en México, en Estados Unidos, situaciones que lamentablemente se suman a violaciones sistemáticas al derecho a la movilidad y al asilo que se registran permanentemente en países de Europa en relación con poblaciones que llegan de distintos continentes, en particular de África;
  11. Agradece a la Universidad de El Salvador haber sido la prestigiosa anfitriona de este encuentro que jerarquizó no sólo el espacio y contenidos de la Asamblea sino que lo enriqueció con sus aportes culturales y académicos. Reconoce y valora el apoyo los auspicios recibidos por parte instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos salvadoreñas y de otras regiones de Latinoamérica y el Caribe y los del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO);
  12. La Asamblea celebra haber realizado su décima edición por primera vez en la República de El Salvador, país que reveló desde sus mismos orígenes patrios, destacadísimas personalidades comprometidas en su lucha por la defensa de los derechos humanos como fueron el presbítero doctor José Simeón Cañas (1767 – 1838) y el sacerdote y obispo Oscar Arnulfo Romero mártir por la libertad y la dignidad de las personas.
  13. De modo especial destaca el rol desempeñado por la Defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador maestra Claudia María Melgar de Zambrana para alcanzar el objetivo de realizar por primera vez esta asamblea del ILO en territorio centroamericano con el mismo tesón y responsabilidad con el que ejerció su cometido por dos períodos al frente de la institución protectora de los derechos universitarios. Acredita así la significación de las defensorías universitarias en el proceso de consolidación y fortalecimiento de las instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos.
  14. Deja pública constancia del justo homenaje tributado a la memoria del Ing. Isaac Hochman, fundador con otros y otras y alma mater del ILO, a diez años de su desaparición, como tributo a una tarea de enorme significación institucional en apoyo a la defensa de los derechos humanos y a la democracia , homenaje que por la presente, esta Asamblea enaltece. Agradece también la presencia de sus familiares representados en el acto por su hijo Marcelo y su nieto Federico porque le da entrañable y fraternal calidez a la conmemoración.
  15. Asimismo, convoca a un creciente involucramiento por parte de las Defensorías en la promoción y puesta en práctica de los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos, propiciando que los Estados cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de sus habitantes instando a su vez que las empresas –como actores sociales - asuman esa misma obligación y en su caso, sean reparar los daños ocasionados. Insistir también en la necesidad tanto por parte del Estado como de las empresas de prevenir todos los riesgos que sus actividades puedan implicar para los derechos de las personas directa o indirectamente involucradas, ya sea a título individual o colectivo, en especial en materia laboral, de transparencia y en relación con el respeto al entorno, garantizando que su forma de actuación no afecte el derecho a un ambiente sano;
  16. Continuado con lo resuelto en Asambleas anteriores, insiste en la importancia de promover y proteger los derechos de las personas como usuarias y consumidoras de bienes y servicios, más allá de velar y exigir el buen cumplimiento por parte de las autoridades administrativas con competencia en la materia, pues estos derechos se incluyen en el marco de los derechos de incidencia colectiva y, como tales, están estrechamente ligados a los derechos humanos básicos, como la salud, la alimentación adecuada, la vestimenta y el acceso a servicios públicos esenciales, entre otros.
  17. Afirma que una de las más graves violaciones a los derechos humanos que ha afectado históricamente a las mujeres es la discriminación y la violencia que se ejerce contra ellas, tanto en el ámbito público como en el privado, en sus múltiples formas y manifestaciones. El desafío para las defensorías del pueblo no es sólo evaluar las respuestas de los gobiernos ante este flagelo, en términos de normativa, políticas de igualdad, programas, dispositivos, presupuestos sensibles al género y la incorporación de transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas del accionar estatal, sino también valorar cómo los Estados hacen público y político, lo que en este momento es invisible como vulneración de los derechos humanos, ya sea por considerarlo en el mundo de lo privado o por no ser comprendido ni percibido por gran parte de la sociedad. Las defensorías del pueblo deben incrementar su control sobre las políticas públicas, incorporando una mirada de género orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dando efectiva protección a su integridad física, sexual y psicológica. Ello supone también velar por una gestión igualitaria de la ciudad y del espacio público entre hombres y mujeres;
  18. Aflige a la conciencia humana el atroz crimen que cometen quienes trafican con la vida, la integridad física y psicológica de las personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. La trata de personas con fines sexuales, laborales o con cualquier otro objeto, es una modalidad de esclavitud, y uno de los negocios ilegales más rentables en el mundo. Corresponde a los Estados combatirla con todo rigor y brindar asistencia a sus víctimas para la recuperación de su dignidad y sus derechos. Las defensorías del pueblo deben ser espacios de apoyo a esos propósitos, dado que en sí misma, la trata es una violación a los derechos humanos y por lo tanto está comprendida en su mandato;
  19. El aumento en la expectativa de vida y la disminución del número de hijos entre otros factores, plantean un escenario de profundas implicaciones en la organización familiar con fuerte impacto en el ámbito social, político, económico y cultural. El envejecimiento de la población, es el resultado de la evolución de los componentes del cambio demográfico (fecundidad, tasa de mortalidad y, en menor medida, las migraciones). De ese modo se prevé que el número de personas mayores de 60 años se incrementará en forma sostenida en todos los países del mundo. Este hecho reclama de las defensorías del pueblo un activo compromiso tanto en lo que significa la tutela de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, como así también en el monitoreo e incidencia en las políticas públicas para enfrentar estas contingencias, teniendo especialmente en cuenta la cobertura previsional y de salud, la discriminación en el mercado laboral y en otras esferas, la poca o nula contención que reciben y el limitado uso de la tecnología entre tantas otras carencias. En este sentido se recomienda la incorporación en agenda política con miras a la implementación de programas nacionales de atención y cuidado;
  20. Que fiel a lo resuelto en anteriores asambleas, el ILO continuará apoyando a las defensorías universitarias y a todas las defensorías especializadas que tengan fundamento en la constitución o en las leyes, y respaldará su incorporación a las asociaciones, federaciones y redes para fortalecer sus acciones y garantizar su independencia;
  21. Manifiesta su honda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua que desde los graves incidentes de abril de 2018 hasta la fecha no han cesado, llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a incluir a Nicaragua como uno de los países considerados de alta preocupación en su violación a los derechos humanos, en su informe presentado en marzo del corriente. En ese sentido, la asamblea exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en línea con lo manifestado en 2018, para que asuma sus responsabilidades en la promoción y defensa de los derechos humanos por el cumplimiento de estos objetivos como así también de los principios del Derechos Internacional de los Derechos Humanos;
  22. Ante el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y las evidentes violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, el ILO manifiesta su apoyo al proceso de diálogo en Barbados bajo la coordinación de Noruega y con apoyo de varios países latinoamericanos, de modo de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y el respeto por las instituciones de la república del conjunto de la ciudadanía;
  23. En consideración a que el año próximo se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia organizado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, esta Asamblea expresa su beneplácito por la sede designada para ese significativo encuentro, y se compromete a respaldar por los medios a su alcance los esfuerzos de sus organizadores.
  24. Solicita por último a las defensorías del pueblo latinoamericanas en todas sus escalas promover la creación de defensorías del pueblo locales por ser éstas las que más directa e inmediatamente están relacionadas con la población, sus necesidades y sus expectativas por el respeto y la vigencia de sus derechos.

Se firma la presente Declaración en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los 19 días del mes de julio de 2019.

Cristina Ayoub Riche, Presidenta; Ana Agostino, Vicepresidenta I, Leoncio Lara Sáenz, Vicepresidente II, Alba Martijn, Vicepresidenta III: Ismael Rins, Secretario General, Elba Sissi Acevedo Rojas de Chávez, Liliana Aguilar, María Isabel Aránguez Alonso, Rachnilda Arduin, Silke Arndt, Brigitte Aubel Chacón, Luis Bork Vega, José Martín Casado Vázquez, Carlos Constenla, Sebastián Cox Urrejola, Ramón Custodio López, Norberto Carlos Darcy, Javier De Bedia, Randolf Duggins, Jesús Durán Zorrilla, Mariëtta Eugenio, Julio Antonio Fernández Estrada, Valmir Gomes Dias, Marcelo Hochman, Hilda Rosemary Husbands-Mathurin, Raúl Lamberto, Amelia López, Claudia Melgar de Zambrana, Juan Domingo Milos Hurtado, Héctor Hugo Montoya Cano, Alejandro Nató, José Manuel Palazón Espìnosa, José Francisco Palmiotti, Pablo Palmiotti, Victoria Pearman, Juan Carlos Rojas, Diego Scharifker, Emilio Srougo, Richmar Anthony Trenidad, Jéssica Valentini, Carlos Vera Bordberry Zalazar, Gabriela Adriana Moffson, Secretaria Técnica.

Declaración del ILO sobre las violaciones, femicidios y amenazas a integrantes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), ante 
los acontecimientos que se han producido recientemente en el Ecuador, resultado de
violaciones y femicidios y amenazas a integrantes de la Defensoría del Pueblo, expresa su
honda preocupación y repudio por esos hechos como así también por la derivaciones
xenófobas que generan.
Los actos de violencia, de por sí muy graves y repudiables, como lo patentiza un reciente
episodio en la que fue asesinada a puñaladas una joven mujer ecuatoriana embarazada de
cuatro meses por su novio venezolano en Ibarra, ciudad ubicada en la región interandina
del norte de Ecuador, no habilitan imputarlos a una determinada nacionalidad o
condición. Hechos de esta naturaleza, lamentablemente, son comunes en nuestra región y
de ningún modo atribuible a un grupo determinado.
En este sentido es necesario señalar que la primera responsabilidad le cabe al gobierno
que no sólo debe prevenir estos sucesos, sino porque debe ser sumamente cuidadoso al
momento de diseñar sus acciones, no confundiendo la prevención y represión del delito
con la condición de inmigrantes fugitivos de la miseria.
El ILO afirma que la única forma de resolver estos graves problemas no es otra que
dialogar y mantener en alto los valores de la solidaridad y de la justicia, en un marco de
respeto a los derechos humanos y de ninguna manera alimentar el odio y la intolerancia
bajo el pretexto de adjudicar subjetivamente la criminalidad de una acción a la condición de las personas que lo cometa.

Al mismo tiempo el ILO expresa su total apoyo a la Defensoría del Pueblo del Ecuador y a
la funcionaria que se halla a cargo de esa institución, la Dra. Gina Benavidez Llerena, que
exhortó al gobierno para que “las medidas que se tomen, en respuesta a lo ocurrido, no
generen criminalización y xenofobia”.