Declaración del ILO en relación a las expresiones y acciones del presidente de los Estados Unidos Donald Trump


La asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, ha provocado en muchos sectores, sobre todo aquellos sensibles a los valores de los derechos humanos, de la paz, de la vida en democracia, del pluralismo, de la protección del medio ambiente y de la libertad, una honda preocupación.

No es el señor Donald Trump el primer presidente de ese país que exhibe como una cucarda de honor, la intolerancia, la prepotencia y la afirmación de un modelo de relación con el mundo, imbuido de agresividad y que augura el triunfo de quien es materialmente más fuerte. Desde mediados del siglo pasado, América Latina experimentó casi ininterrumpidamente esta política norteamericana. Por otra parte no es en vano que Estados Unidos sea uno de los países más reacios a asumir compromisos internacionales de respeto y protección de los derechos humanos.

Por ese motivo no es esta reacción contra el señor Trump una piadosa vuelta de página contra tantas tropelías cometidas por muchos de sus predecesores en nombre de las más hipócritas razones. Ni tampoco lo es para muchos otros gobiernos de otros países que con los más cínicos propósitos, diseminaron el dolor por el mundo con la explotación y expoliación de los pueblos, al calor de intereses comerciales y políticos.

Lo llamativo y preocupante de la situación creada por el señor Trump, es la verificación de que las herramientas del pasado, por hipócritas o cínicas que hubiesen sido, procuraban disimular la malignidad que las inspiraba, con esos procedimientos literalmente vergonzantes. El señor Trump convirtió los instrumentos en fines. Ya no se trata sólo de políticas de Estado agresivas, xenófobas o discriminatorias; son gestos y actitudes personales que se manifiestan con el epítome de un pasado de violencia, de atropello y desprecio a la condición humana que muchos creían superadas (o al menos soterradas) a la vista del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y de formas más democráticas de organización política.

Los hombres y mujeres del planeta debemos repudiar estas acciones y políticas -que no son las únicas, desgraciadamente,  que se vienen registrando en el mundo en los últimos años- no sólo por sus propios contenidos y finalidades, sino también para alertar a otros que tengan la vesánica tentación de atravesar el umbral de la decencia y la dignidad. Y también naturalmente por el granítico pedestal de poder desde el que se están lanzando al mundo.
El Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo, expresa de este modo su condena a las proclamas y actitudes del Presidente de Estados Unidos y exhorta a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones públicas cuya responsabilidad es la de tutelarlos y a los partidos políticos que hacen fe del pluralismo democrático a que se expresen en este sentido.

Buenos Aires 1° de febrero de 2017

Declaración de Buenos Aires

Reunida en Buenos Aires, la VIIª Asamblea General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo (ILO), denominada Nuevos desafíos para las instituciones defensoras de Derechos Humanos resuelve, por la unanimidad de sus participantes,  aprobar la siguiente DECLARACIÓN:

I. La Asamblea manifiesta su satisfacción por el cumplimiento de su finalidad: el conocimiento y debate de las nuevas dimensiones que han asumido y deben asumir las Defensorías del Pueblo de América Latina de cara a los cambios que se observan en la sociedad y en cumplimiento de su esencial compromiso con los derechos humanos.

II. Que en este sentido se impone señalar que las Defensorías del Pueblo son el instrumento de garantía para la efectiva vigencia de los derechos de las personas y que para ello deben procurar por todos los medios a su alcance incidir en la elaboración de las políticas públicas a través de sus recomendaciones, informes y declaraciones a la vez que desarrollando una mayor relación institucional con el poder político, procurando su intervención preventiva para asegurar una administración concebida desde la perspectiva de derechos.

III. Del mismo modo las Defensorías del Pueblo deben establecer formas transparentes para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las políticas públicas observando el desenvolvimiento de la administración en el cumplimiento de su letra velando especialmente por el cumplimiento de su finalidades en beneficio de la sociedad.

IV. Comprendiendo las nuevas dimensiones que se le plantean a los gobiernos en el siglo XXI, sumadas a la de la siempre presente pobreza imperante en la región, raíz de todas las violaciones a los derechos humanos las defensorías del pueblo deben requerir el establecimiento o la revisión en su caso, de planes en educación en derechos humanos, tanto en la curricula formal del estudiantado en sus distintas etapas, como en la formación de las y los educadores, de servidores y servidoras públicos, de instituciones armadas y de seguridad.

V. Que más allá de las instancias administrativas que protegen a las personas usuarias y consumidoras, las defensorías del pueblo  no deben renunciar a la protección de los posibles afectados porque en su inmensa mayoría pertenecen a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad y su protección es irrenunciable por parte de aquellas. En este sentido se recomienda diseñar programas de educación para el consumo con el propósito de capacitar a la ciudadanía en un más efectivo ejercicio de sus derechos.

VI. Esta Asamblea reconoce que uno de principales colectivos objeto de discriminación es aquel que manifiesta su orientación sexual e identidad de género autopercibida, diferente a la cultura heteronormativa  imperante. Por ese motivo exhorta a las Defensorías del Pueblo velar por el trato digno e igualitario del llamado movimiento LGTB, ejercitando y promoviendo los mecanismos legales para tal propósito.

VII. Que siendo las metrópolis escenario propicio para la violación de los derechos humanos, se considera que es una exigencia impostergable la de articular un derecho a la ciudad

que no es otra cosa que el libre e igualitario acceso de varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y de diversidades de género, étnicas y culturales al  disfrute de los espacios públicos, a los recursos, bienes y servicios que la vida en sociedad provee para vivir con salud, educación, trabajo digno y seguridad urbana para todas las personas en un marco que reconozca las diversidades culturales, étnicas, de edad, de identidad sexual y de género, de salud, de nacionalidad y religiosas. Por ese motivo apoya los objetivos establecidos en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas denominada Habitat III y valora  y reconoce el empeño y conclusiones efectuadas con participación del ILO, asociado a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), al Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), y a la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), en el encuentro regional realizado en Toluca el pasado mes de abril. A esos fines cabe a la institución Defensoría del Pueblo obrar como garante de ese derecho, a la vez que plantear su necesaria codificación en el derecho internacional, como un derecho humano autónomo. Para alcanzar esos objetivos, deberá sumar esfuerzos para lograr que la Declaración de la Conferencia Mundial de Quito reconozca tal dimensión.

VIII. Sabemos que una de las más graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que ha afectado históricamente a las mujeres es la violencia que se ejerce contra ellas, tanto en el ámbito público como en el privado, en sus múltiples formas y manifestaciones. El desafío para las defensorías del pueblo no es sólo evaluar las respuestas de los gobiernos ante este flagelo, en términos de normativa, políticas de igualdad, programas, dispositivos, presupuestos sensibles al género y la incorporación de transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas de la política de los Estados, sino también valorar cómo el Estado hace público y político, lo que hasta acá es invisible como vulneración de los derechos humanos, ya sea por considerarlo en el mundo de lo privado o por no ser comprendido ni percibido por gran parte de la sociedad. Las políticas de seguridad rara vez contemplan que la mayor inseguridad de las mujeres se produce en el ámbito familiar, siendo evidencia de esto el creciente número de feminicidios. Por todo esto es necesario que las defensorías del pueblo incrementen  su control en las políticas públicas,  y que estas no victimizantes, con una mirada de género orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dando efectiva protección a su integridad física, sexual y psicológica.

IX. Aflige a la conciencia humana el atroz crimen que cometen quienes trafican con la vida, la integridad física y psicológica de las personas. La trata de personas con fines sexuales, laborales o con cualquier otro objeto, es una de las modalidades de esclavitud del siglo XXI, y uno de los negocios ilegales más rentables en el mundo. Cabe a Estado combatirla y brindar asistencia a sus víctimas para la recuperación de su dignidad y sus derechos y a las defensorías del pueblo ser espacios de apoyo a esos propósitos, dado que en sí misma, la trata es una violación a los derechos humanos y por lo tanto está comprendida en su mandato.

X.                 El aumento en las expectativas de vida y la disminución del número de hijos entre otros factores, plantean un escenario de profundas implicancias en la organización familiar con fuerte impacto en el ámbito social, político, económico y cultural. El envejecimiento de la población, es el resultado de la evolución de los componentes del cambio demográfico = fecundidad, tasa de mortalidad y, en menor medida, las migraciones. De ese modo se prevé que el número de personas mayores de 60 años se incrementará en forma sostenida en todos los países del mundo. Este hecho reclama de las defensorías del pueblo un activo compromiso tanto en lo que significa la tutela de los derechos fundamentales de los adultos mayores, como así también en el monitoreo e incidencia en las políticas públicas para enfrentar estas contingencias, teniendo especialmente en cuenta la cobertura previsional y de salud, la discriminación contra los adultos mayores en el mercado laboral, la poca o nula contención que reciben y el uso de la tecnología entre tantas otras falencias.

XI. Declara su beneplácito por la participación de las defensorías de los derechos universitarios, en la convicción que por su propia naturaleza y autonomía la comunidad universitaria requiere un tratamiento específico que asegure la plena vigencia de sus derechos.

XII. La experiencia en el desarrollo de la institución Defensoría del Pueblo pone cada vez más en evidencia la necesidad de incrementar el estudio de los casos desde una perspectiva científica e interdisciplinaria. Por tal razón propone y auspicia la colaboración con los establecimientos de investigación que den mayor solvencia técnica y jurídica a la promoción y protección de los derechos humanos.

XIII. Declara también su beneplácito por la presentación  de un proyecto legislativo de Defensor de los Derechos de la Niñez en Chile, si bien observa con preocupación que el proyecto de Defensoría del Pueblo nacional ha sufrido una nueva postergación en ese país.

XIV. Reconoce el esfuerzo realizado en el Brasil desde 1986 para establecer el instituto del Ombudsman - Defensoría del Pueblo. Recomienda que las ouvidorías públicas brasileñas sean reguladas por la ley previendo los atributos de independencia y autonomía necesarios para la eficaz defensa de los derechos de los ciudadanos, y que sea instituido en el plano constitucional, un Ouvidoría Nacional, con los atributos, competencia y poderes característicos del Ombudsman – Defensoría del Pueblo.

XV. Observa con preocupación las injustificadas e incomprensibles demoras en designar a los o las titulares de las defensorías del pueblo  que por una u otra razón han dejado de ejercer sus funciones. Reunida esta asamblea en Buenos Aires, se observa con grave preocupación que la titularidad de esta institución nacional en la Argentina está vacante desde el año 2009 lo que cabe interpretar por lo menos como una insensible actitud frente a la protección de los derechos humanos a pesar de su rango constitucional.

Se firma la presente Declaración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina a los veinte días del mes de mayo de 2016, bicentenario de su Independencia Nacional

 

Carlos R. Constenla. Presidente. Salvador Vega y León. Vicepresidente I. Cristina Ayoub Riche. Vicepresidente II. Juan Domingo Milos Hurtado. Secretario General. Ana Agostino. Liliana Aguiar. Alejandro Amor. Luis Bork Vega. Joaquín Bracho Dos Santos. Hugo Cabral. Manoel Eduardo Camargo e Gomes. Analía Isabel Colombo. Tomás Dadic. Norberto Carlos Darcy. Guillermo Escobar Roca. Rocío Fernández. Andrea Galaverna. Luis Garay. María Soledad Manín. María América González. Leticia González Flores. Leoncio Lara Sáenz. Alba Martijn. María Claudia Melgar de Zambrana. Gabriela Adriana Moffson. Héctor Hugo Montoya Cano. Ana María Moure Pino. Alejandro Nató. Manuel María Páez Monge. José Francisco Palmiotti. Alicia Peressutti. Enrique Picasso. Ricardo Enrique Pierazzoli. Alicia Pierini. Ricardo Ariel Riva. Jorge Sansó de La Madrid. Adriana Santagati. Andrés Santamaría Garrido. Emilio Srougo. Rodolfo Succar. Jessica Raquel Valentini. María Celeste Vouilloud.

Texto de la comunicación dirigida por la presidencia del ilo a las autoridades del estado libre asociado de puerto rico con motivo del proyecto de supresión de la procuraduria del ciudadano

Texto de la comunicación dirigida por la presidencia del ilo a las autoridades del estado libre asociado de Puerto Rico con motivo del proyecto de supresión de la procuraduria del ciudadano

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo (ILO), para expresarle nuestra preocupación por la eventual extinción y clausura de la Procuraduría del Ciudadano de Puerto Rico.

La institución Ombudsman de Puerto Rico, establecida en 1977, fue la primera de América Latina y de ese modo abrió el camino, entonces desconocido, de esta magistratura en nuestro continente. La importancia adquirida rápidamente por esta institución hizo que el 10 de mayo de 1991, fuese sede de la asamblea general de nuestro instituto.

No nos toca abrir un juicio en torno al funcionamiento de la Procuraduría. No obstante ello, teniendo en cuenta que de acuerdo a las normas que la instituyeron se le encomienda la tutela de los derechos humanos, no es una buena señal suprimirla por razones operacionales, técnicas o presupuestarias. La calificación del desempeño de quienes tiene a su cargo la conducción del instituto –consideración en torno a la cual no tenemos elementos para hacerlo, ni está en nuestro deber opinar- no puede empañar, de ninguna manera la importancia y el futuro de la institución. Hoy más que nunca nuestros pueblos están ante el grave desafío de una realidad política y social que deriva en la verificación de graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido parece como más propicio, fortalecer y mejorar las instituciones que son la garantía de su efectiva vigencia y no suprimirla en razón de que una ecuación económica determina que sus gastos son excesivos. Me permito señalar que nunca en la historia del pensamiento político se ponderó la importancia de una institución por su costo, salvo en algunos casos del siglo XX, cuya referencia en este caso y por el respeto debido a su alta investidura, me resulta indecoroso citar.

Por las razones expuestas y porque como dice el maestro Norberto Bobbio, la democracia su cura con más democracia, creemos que la vigencia efectiva de los derechos humanos, se fortalecen con más y mejores instrumentos institucionales que los garantice, y en ese terreno la del Ombudsman es una institución fundamental.

En la esperanza de que no se dé tratamiento a este proyecto que aboliría a la institución defensora de los derechos más antigua de Iberoamérica, le ruego interprete la presente petición como una contribución al fortalecimiento y afirmación de los derechos fundamentales en vuestro Estado.

Buenos Aires 10 de junio de 2015